Uno de los principales temores de quienes comienzan a usar la firma electrónica es su validez jurídica. ¿Qué pasa si hay un conflicto o una auditoría? ¿Qué tan aceptada está en Colombia y otros países de la región? ¡No te preocupes!, la firma electrónica no solo es legal, sino que está regulada y respaldada por marcos normativos claros en Colombia y en la mayoría de países latinoamericanos, aquí te lo contamos.

En el caso de Colombia, el marco legal comenzó con la Ley 527 de 1999, una normativa pionera en Latinoamérica que reconoce como válida la firma electrónica, siempre que cumpla ciertos principios. Esta ley establece que los documentos digitales tienen el mismo valor jurídico que los documentos físicos, y que una firma electrónica será válida si permite identificar al firmante y garantizar que el contenido no ha sido alterado tras su firma. Es necesario usar un mecanismo tecnológico que valide la identidad y proteja la integridad del documento.

El Decreto 2364 de 2012, que reglamenta específicamente el uso de la firma electrónica, aclara los requisitos técnicos que deben cumplir los proveedores de servicios de firma, lo que abre la puerta a soluciones más ágiles y adaptadas a las necesidades cotidianas de empresas, profesionales y ciudadanos.

Además, Colombia ha avanzado hacia la digitalización legal con otros países de la región. Muchos procesos digitales, como créditos, pagos, servicios médicos, trámites notariales o contratos, ya se están firmando electrónicamente en sectores como el financiero, salud, inmobiliario y educativo.

En Latinoamérica, la tendencia es similar. México cuenta con una Ley de Firma Electrónica Avanzada, Chile regula la firma electrónica desde 2002, Perú y Argentina también reconocen su validez legal. Aunque existen diferencias en los marcos normativos, en casi todos los países el principio fundamental es el mismo: si puedes identificar al firmante de manera confiable y garantizar la integridad del documento, la firma es legalmente válida.

Por supuesto, para que una firma electrónica tenga verdadera fuerza probatoria ante cualquier eventualidad legal, es fundamental usar una plataforma que cumpla con las normativas, ofrezca mecanismos robustos de autenticación, evidencias técnicas completas y respaldo legal.